Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso para reclamar contra la reforma laboral

Nancy Pazos, presidenta del colectivo Periodistas Argentinas, se encadenó y amordazó frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral, que elimina el estatuto del periodista, incluído en el proyecto de ley que este miércoles buscará la media sanción en el Senado de la Nación.

El Senado de Argentina comienza este miércoles el debate de una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en un escenario de fuerte conflictividad con la convocatoria a una movilización de la principal central obrera.

En diálogo con Mañanas Argentinas (C5N), Carla Gaudesi, secretaría general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), explicó que "la acción tiene que ver con el acompañamiento de más de 3 mil periodistas porque se intenta derogar el estatuto del profesional de los periodistas".

"Entendemos que es un afectación a la libertad de expresión porque se regulan cuestiones que hace a nuestra labor profesional y además afecta el derecho a la información. Lo que estamos viendo es que no estamos al tanto de lo que estamos discutiendo como la reforma laboral", indicó

Por su parte, la conductora de Inteligencia Artesanal (C5N) y de El Amor es más fuerte (Radio 10), dijo: "Primero me voy a sacar las cadenas que nos quiere poner Patricia Bullrich, el Presidente y este Gobierno de mierda. Porque no vamos a amordazarnos ni encadenarnos. La verdad lo que hay que decir es que este Gobierno quiere que haya periodistas así (y mostró una careta detrás de su cabeza que decía "Alcahuetes").

"Acá estamos luchando, no por el gremio sino por la democracia. El periodismo es el faro de la democracia. Es la luz de la democracia. El periodismo lo que hace es que el ciudadano se informe de lo que el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa", concluyó.

El proyecto, para cuya media sanción el gobierno confía tener los apoyos suficientes, flexibiliza los contratos laborales, reduce indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga y permite pagos en especie además de fraccionamiento de vacaciones, entre otras reformas que la Confederación General del Trabajo (CGT) considera "regresivas".

El gobierno arguye que estos puntos, más la reducción de cargas sociales para el empleador, son estímulos para la formalización en un mercado laboral con 40% de trabajadores en la informalidad. Los cambios permitirán también reducir los costos por litigiosidad laboral.

Por su lado la oposición y los sindicatos cuestionan que no hay creación de empleos porque la economía muestra signos de estancamiento, caída del consumo y de la producción industrial.

La pequeña industria, principal empleador, reclama al gobierno que la reforma laboral sea acompañada de incentivos a la inversión fabril.

El gobierno negoció a contrarreloj una treintena de modificaciones al proyecto original para asegurarse su pronto pase a Diputados. El objetivo es lograr que la reforma sea ley antes del 1 de marzo cuando Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Entre los sindicatos hay desacuerdos. Los gremios más combativos, como el poderoso sindicato de Aceiteros, consideraron tibia la reacción de la CGT y reclaman ir a la huelga.